Los trabajadores de la estatal eléctrica rechazan los decretos que establecen tarifas preferenciales para grandes consumidores y alertan que el esquema pone en riesgo las finanzas de la ANDE, lo que terminaría trasladando el costo de la energía al usuario común en un contexto económico cada vez más ajustado para las familias paraguayas.
Los sindicatos y profesionales de la estatal denuncian que los decretos 5306 y 5307 del Poder Ejecutivo establecen tarifas preferenciales para grandes consumidores que comprometen la sostenibilidad financiera de la Administración Nacional de Electricidad y, a la larga, terminarían trasladando el costo al usuario común.
La protesta de los gremios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se convirtió esta semana en una de las principales controversias del sector energético en el país. A través de movilizaciones y documentos presentados ante la Contraloría General de la República, sindicatos y agrupaciones de ingenieros cuestionan las recientes decisiones del Gobierno que, según advierten, generan un esquema tarifario con potencial impacto negativo tanto en las finanzas de la empresa estatal como en la factura de electricidad que pagan miles de familias paraguayas, en un contexto económico ya ajustado.
Polémica por los decretos y las tarifas preferenciales
La base del conflicto gira en torno a los decretos 5306 y 5307 dictados por el Poder Ejecutivo, que introducen una nueva estructura tarifaria para ciertos grandes consumidores de energía eléctrica, identificados como industrias convergentes y proyectos de alto consumo. De acuerdo con los gremios, estas disposiciones habilitan precios por debajo del costo real de generación y compra de energía, creando un subsidio implícito para sectores privados específicos.
Los sindicatos sostienen que este esquema, de sostenerse en el tiempo, comprometería la estabilidad financiera de la ANDE. Alertan que vender energía por debajo de su costo real podría generar un déficit estructural que, tarde o temprano, tendría que ser compensado mediante aumentos para otros usuarios o mediante recortes en inversiones clave para el sistema eléctrico.
Movilización de gremios y denuncia ante Contraloría
Trabajadores y profesionales agremiados protagonizaron movilizaciones frente a la sede central de la ANDE en Asunción y avanzaron con una denuncia formal ante la Contraloría General de la República. El Sindicato de Trabajadores de la ANDE, junto con otras organizaciones, solicitó que el órgano de control audite el impacto económico y financiero de los decretos, así como los criterios técnicos utilizados para su aprobación.
Desde los gremios cuestionan la falta de transparencia en el proceso y aseguran que las decisiones fueron adoptadas sin una discusión técnica profunda dentro de la institución. El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, advirtió que las medidas podrían derivar en perjuicios financieros graves para la empresa estatal e incluso afectar la calidad del servicio en el mediano plazo.
Riesgo financiero y sostenibilidad de la ANDE
En la nota dirigida a la Contraloría, los gremios enumeran una serie de riesgos que, a su criterio, implican los decretos para la ANDE y para el sistema eléctrico nacional. Entre los puntos señalados figuran el posible perjuicio patrimonial por la venta de energía a precios inferiores al costo, la existencia de subsidios cruzados que desbalancearían las cuentas de la empresa y eventuales violaciones al marco legal que regula la fijación de tarifas.
Los trabajadores recuerdan que la normativa vigente establece que las tarifas deben definirse en base a estudios técnicos que aseguren la sostenibilidad operativa y financiera de la ANDE, condición que consideran ausente en las decisiones cuestionadas. También advierten que un deterioro financiero podría comprometer inversiones futuras y el cumplimiento de compromisos asumidos por la empresa.
Impacto potencial para el usuario común
Uno de los ejes centrales del reclamo gremial es el impacto que estas medidas podrían tener sobre el usuario común. Aunque las tarifas preferenciales buscan atraer inversiones o incentivar proyectos de gran escala, los sindicatos sostienen que estos beneficios puntuales terminan erosionando la base financiera de la ANDE.
Según advierten, si la empresa estatal se ve obligada a cubrir pérdidas o reducir su capacidad de inversión, el ajuste recaerá finalmente sobre los usuarios residenciales, ya sea a través de incrementos en la factura de la luz o mediante un deterioro en la calidad del servicio eléctrico. En ese escenario, la familia paraguaya sería la principal afectada.
Respuestas oficiales y próximos pasos
Hasta el momento, las autoridades del Ejecutivo no han respondido de manera detallada a cada uno de los cuestionamientos planteados por los gremios. Desde el ámbito oficial se sostiene que el país necesita atraer inversiones al sector energético y que para ello pueden ser necesarias estructuras tarifarias diferenciadas, siempre que no comprometan la estabilidad de la ANDE ni perjudiquen al consumidor final.
Mientras la presión sindical se mantiene, la atención se centra ahora en la Contraloría General de la República, que deberá evaluar el pedido de intervención. De esa revisión podrían surgir observaciones, recomendaciones de corrección o incluso la sugerencia de revisar o derogar los decretos que hoy están en el centro de la polémica.
