La Cámara de Diputados de Paraguay se reúne de manera extraordinaria este miércoles para discutir un proyecto de ley que busca establecer el anticipo de la garantía de depósitos para los clientes de Ueno Bank. Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone habilitar pagos rápidos de hasta G. 121 millones por depositante en el contexto de la crisis enfrentada por la entidad bancaria.
Durante la sesión, la diputada Johanna Ortega criticó lo que consideró «discursos oportunistas» en torno a la situación de los ahorristas, señalando que hay una falta de atención hacia denuncias sobre la entidad que habían sido ignoradas por la Cámara. Ortega recordó la aprobación de reformas que facilitaron la migración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) a Ueno Bank y cuestionó la gestión del presidente Santiago Peña, instando a que asuma la responsabilidad de la crisis.
Por su parte, el diputado Mauricio Espínola afirmó que la situación derivada de la resolución de Ueno Bank es un reflejo del fracaso del gobierno de Peña. Criticó el crecimiento desmesurado de la entidad financiera y sugirió que la administración facilitó este desarrollo a expensas de los recursos públicos, lo cual ha deteriorado la credibilidad en el sistema financiero.
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, enfatizó que la prioridad del Congreso es asegurar que los ahorristas recuperen sus fondos rápidamente y urgió a la justicia a ser «implacable» con los responsables de cualquier irregularidad que haya afectado a los depositantes.
En el contexto de la crisis de Ueno Bank, se ha formalizado un pedido de juicio político contra el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, con acusaciones relacionadas con el mal manejo de fondos públicos y conflictos de interés. Este proceso ha sido impulsado por legisladores de la oposición que también buscan una respuesta clara sobre el destino de importantes inversiones del IPS en la entidad.
El BCP, que anunció la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia, ha activado desembolsos iniciales mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, complementados por el tratamiento legislativo que se lleva a cabo en Diputados. Mientras tanto, el Ministerio Público ha ordenado la detención de ocho individuos vinculados a la administración de Ueno Bank, en medio de un clima de creciente descontento social y político.
La situación ha llevado a un debate intenso en torno a las responsabilidades del Ejecutivo, especialmente en relación con la supervisión financiera y la regulación de entidades bancarias. Desde la suspensión de actividades de Ueno Bank, los activos de la entidad han quedado congelados, afectando a 2,9 millones de clientes y generando inquietud sobre el manejo de los fondos públicos en el sistema financiero del país.
