El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que equipos de élite de la Policía y las Fuerzas Armadas trabajan de manera conjunta en la búsqueda de la víctima. Además, el Ejecutivo firmó un decreto que amplía la jurisdicción de acción del CODI.

En una reciente atención a medios, el ministro del Interior, Enrique Riera, expuso la complejidad del operativo de búsqueda y rescate que se lleva a cabo en la zona limítrofe entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. Riera admitió que el caso “saca el sueño a todos” y aseguró que el Gobierno se encuentra trabajando ininterrumpidamente para devolver a la víctima a su hogar.
Desafíos logísticos en el terreno
El titular de la cartera de seguridad explicó que el área donde ocurrió el secuestro presenta dificultades topográficas y estructurales particulares que complican el rápido actuar de las fuerzas de seguridad.
A diferencia de las zonas ganaderas que cuentan con alambrados delimitantes, los campos de cultivo de granos están interconectados por múltiples caminos internos. De las misma forma, las vías utilizadas habitualmente por maquinarias agrícolas, permiten a los criminales trasladarse sin necesidad de salir a rutas de uso público, dificultando la efectividad de los retenes policiales.
Para hacer frente a estas limitaciones, el Gobierno ha tomado decisiones estratégicas y ha unificado a las mejores unidades de inteligencia del país.
“Tenemos lo mejor que tiene el Ejército y la Policía trabajando combinadamente. Estamos 24/7 detrás del tema, la idea es rescatarlo con vida”, indicó.
Hasta el momento, los captores no han enviado una prueba de vida ni han establecido comunicación oficial con las autoridades exigiendo un rescate, aunque Riera no descarta que la familia esté manejando información de manera reservada por protección.
El ministro maneja dos hipótesis principales respecto al móvil del crimen:
El primero se centra en el carácter político, ya que la existencia de fuertes grupos “antisoja” en la zona sugiere que el secuestro podría ser un mensaje intimidatorio hacia los productores agrícolas.
Mientras que el segundo móvil comprende el carácter económico, aunque la familia afectada no posee un patrimonio exuberante, Riera destacó la fuerte solidaridad de la comunidad, la cual podría organizarse para reunir un eventual pago de rescate.
