El abogado Miguel Fernández Zacur ha interpuesto un recurso de apelación contra la prisión preventiva de tres exbanqueros de Ueno Bank, quienes se encuentran actualmente recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos. La apelación corresponde a Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, quienes ocupaban los cargos de presidente y directores en la mencionada entidad bancaria.
Los exdirectivos están procesados por varios delitos, incluyendo conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio. La audiencia para la imposición de medidas se llevó a cabo el 5 de noviembre ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos N° 2, dirigido por el juez Rodrigo Estigarribia. Durante esta, la defensa solicitó alternativas menos severas a la prisión preventiva.
En su apelación, Fernández Zacur ha reiterado la solicitud de arresto domiciliario con tobillera electrónica para sus defendidos, una medida que también fue solicitada por la Fiscalía. El abogado argumentó que la detención de sus representados, que comenzó el 3 de noviembre, es irregular, dado que no se les comunicaron los cargos de manera oportuna ni se les proporcionó copia del acta de imputación hasta el día de la audiencia.
El defensor subrayó que sus clientes se entregaron voluntariamente a la policía al enterarse de la orden de detención a través de los medios, y lo hicieron sin conocimiento de los hechos que se les atribuían. Fernández criticó la falta de presencia del Ministerio Público durante la audiencia, mencionando que el juez reconoció que no había una fundamentación adecuada para la necesidad de las medidas cautelares solicitadas.
El abogado también señaló que no se había determinado la magnitud del daño patrimonial que se les imputaba, ni existía una relación fáctica clara respecto a cada acusado. A pesar de ello, el juez consideró que existía un «peligro latente de fuga» y decidió imponer la prisión preventiva, un paso que fue más allá de lo requerido por la Fiscalía.
Fernández ofreció cauciones con títulos y tasaciones para acceder a medidas menos gravosas. Argumentó que la decisión del juez no seguía lo establecido por el artículo 242 del Código Procesal Penal, dado que la Fiscalía no había solicitado la prisión preventiva, y cuestionó la falta de fundamentación en la decisión judicial. Una vez que la Fiscalía responda a la apelación, se llevará a cabo el sorteo del Tribunal de Apelación que revisará el caso.
