La Auditoría Superior de la Federación inicia revisión de contratos del INE y OPLE desde 2000
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha anunciado este miércoles el inicio de un exhaustivo análisis sobre todos los contratos adjudicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE) a empresas privadas durante el periodo de 2000 a 2025. Esta decisión se da en medio de la controversia generada por irregularidades detectadas en la gestión del INE que derivaron en la reciente renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Electoral de Sonora.
El pronunciamiento de la ASF destaca la intención de examinar posibles patrones irregulares en la contratación pública, incluyendo la concentración de proveedores y presuntas prácticas ilegales en el manejo de recursos provenientes del erario. Se detalló que la revisión abarcará no solo al INE a nivel nacional, sino también a la totalidad del gasto federalizado que reciben los OPLE. Las primeras inspecciones sugieren la existencia de múltiples anomalías con una arraigada historia en el sistema electoral mexicano.
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intensificado sus críticas a las empresas que, bajo su descripción, conforman un “duopolio” beneficiado durante años en la producción de material electoral. Además, ha cuestionado la actuación de anteriores dirigentes del INE, haciendo especial énfasis en el expresidente Lorenzo Córdova (2014-2023), a quien responsabiliza por permitir la continuidad de esta problemática sin intervenir durante su mandato.
Las acusaciones contra Taddei, a quien algunos sectores oficialistas vinculan con una red de contratos millonarios con empresarios afines, han escalado hasta la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte del Consejo General del INE, encabezado ahora por Blanca Cruz.
Este caso ha generado una fuerte disputa política y un mayor escrutinio sobre los procesos de contratación dentro de los órganos electorales, lo que ha obligado a las instituciones a fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización. La ASF prevé continuar con una auditoría profunda y detallada que ayude a esclarecer la magnitud de los posibles actos ilícitos en el sistema electoral del país.
La investigación permanece en desarrollo y podría derivar en nuevas acciones legales o administrativas conforme avance el análisis.
