La agencia de viajes Uela, perteneciente a Discover Paraguay S.A., enfrenta una crisis severa tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay. Desde el 3 de noviembre, empleados de la compañía comenzaron a percibir que las operaciones estaban en riesgo, a pesar de que se les indicaba que todo seguía funcionando normalmente.
La situación se tornó insostenible cuando el 5 de noviembre, Turrini, empleada del área de eventos, informó que las ventas serían suspendidas sin un comunicado oficial. Ese mismo día, funcionarios del Ministerio de Trabajo visitaron la oficina y, bajo la dirección de Luis Marcelo Cardozo, CEO de la empresa, se ordenó el cierre y despido del personal, dejando a más de 130 empleados en la incertidumbre sobre su futuro laboral.
Los problemas también afectan a los pasajeros, muchos de los cuales habían pagado la totalidad de sus viajes meses atrás, pero ahora se encuentran sin hotel, tours ni traslados. Un caso reportado involucró a una mujer que pagó G. 13 millones y no recibió ningún servicio, mientras que las deudas acumuladas con proveedores alcanzan cifras significativas, como lo indica un correo de un proveedor brasileño que detallaba una deuda de US$ 37.431,12.
El 6 de noviembre, los trabajadores enviaron un expediente al Ministerio de Trabajo solicitando una audiencia debido a la falta de ocupación efectiva. Están organizando un reclamo colectivo para el 9 de noviembre. Además, se han reportado reclamos de empleados del Ueno Bank, que exigen embargos a la entidad y sus directivos.
Uela intentó calmar la situación anunciando en redes sociales que operaba con normalidad, pero la situación se complicó rápidamente, reconociendo en un comunicado posterior que era “imposibilitada de continuar con nuestras operaciones habituales” y que los problemas eran ajenos a su gestión. También se señala que los trabajadores están directamente afectados y enfrentan una “profunda incertidumbre” respecto a su continuidad laboral.
También se ha informado que la empresa solicitó la suspensión de los contratos laborales por 90 días, amparándose en razones de fuerza mayor. Sin embargo, las condiciones contractuales para los empleados limitan sus acciones, ya que se verían imposibilitados de trabajar durante ese periodo y carecerían de ingresos, generando un “vacío legal”, según comentó Turrini.
